El amianto o asbesto es el término genérico con el que se denomina a un conjunto de minerales naturales con una estructura fibrosa y cristalina, incombustible y que puede ser dividida en filamentos. Por sus características de resistencia, fue empleado con especial énfasis en todos los sectores industriales entre los años 50 y 70, aunque su utilización se alargó durante todo el siglo XX. Que el amianto era cancerígeno se sabía desde principios del siglo XX, pero pese al incremento de los casos detectados, en España no se prohibió su utilización hasta 2002.

El problema de utilizar amianto y la ley de residuos y suelos contaminados

La problemática por el uso del amianto se incrementa con la antigüedad de las instalaciones donde se encuentra este material y la necesidad urgente de su retirada. De hecho, la Unión Europea establece como objetivo para 2032 la localización y el desmantelamiento de todas las instalaciones e infraestructuras que contengan amianto. En España esta labor se regulará a través de la futura Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que espera ser aprobada antes del verano.

La disposición adicional 14ª establece lo siguiente:

“Instalaciones y emplazamientos con amianto.

Antes del 1 de enero de 2023, los ayuntamientos elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada. Dicho censo, que tendrá carácter público, será remitido a las autoridades sanitarias y medioambientales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a gestor autorizado”.

La eliminación del amianto en las instalaciones

Eliminar el amianto de cualquier instalación, es un proceso costoso, que requiere de extremas medidas de seguridad para evitar la dispersión de fibrasen el aire y debe ser realizado por empresas especializadas. Es responsabilidad del propietario realizar esta labor y de las CCAA y ayuntamientos su regulación. La Junta de Castilla y León cuenta con un registro voluntario de las empresas con riesgo por amianto. 

A día de hoy no hay previstas subvenciones por parte del Estado o de Europa que ayuden en este proceso, por lo que la falta de un registro integral de los emplazamientos con amianto, unido al coste de su eliminación, puede hacer que empresas y particulares opten por la vía del soterramiento o abandono de este material en el campo, lo que tendría consecuencias devastadoras para el medio ambiente.

Por otro lado, la sustitución del amianto por otros materiales más sostenibles ofrece oportunidades de negocio y generación de empleo para las empresas del sector de la rehabilitación de edificios. Esta alternativa sí está contemplada dentro de los planes de recuperación planteados por Europa, tras la crisis de la Covid.